Desaparecidos: En México hay 72 mil cuerpos sin identificar y el INE tiene una clave para lograrlo
Un cuerpo puede permanecer años sin nombre no porque nadie sepa cómo identificarlo, sino porque la información que podría revelar quién es permanece dispersa; México tiene los datos para identificar a miles de personas, pero durante años no los cruzó
En México, encontrar un cuerpo no significa necesariamente encontrar a una persona desaparecida. Detrás de cada hallazgo comienza otra carrera contra el tiempo: identificar los restos, cotejarlos con los registros disponibles y lograr que una familia pueda finalmente recuperar a su ser querido.
Sin embargo, los avances recientes apuntan a una transformación en los procesos de identificación humana. Maximiliam Murck, coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, sostiene en entrevista para Reporte Índigo, que el problema no radica en la falta de capacidad de los peritos mexicanos, sino en la ausencia de estructuras que permitan aprovechar y cruzar los datos que ya existen.
Esos datos son huellas dactilares, muestras genéticas, expedientes forenses y registros de millones de personas vivas. También existe una de las mayores bases de datos biométricos del país: la del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, durante años esos datos no fueron aprovechados de manera sistemática para identificar a personas fallecidas.
La dimensión del problema es enorme, dado que en el país se reportan hasta el final de agosto de 2026, 132 mil 462 personas desaparecidas, mientras que el último reporte citado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos estima que hay al menos 72 mil personas fallecidas sin identificar. Una parte de esos cuerpos podría encontrarse en servicios periciales o fosas comunes de los estados.
Las huellas dactilares son clave para la identificación
La identificación comienza cuando la información de una persona desaparecida puede compararse con la información obtenida de un cuerpo. Murck explica que a nivel internacional, las huellas dactilares, la genética y el perfil dental son considerados identificadores primarios. En México, sin embargo, no existe un registro nacional de perfiles dentales y el procesamiento genético requiere recursos, muestras de referencia y bases de datos interconectadas entre las 32 entidades.
Lo que sí existe es un elemento que hace posible el cotejo: una enorme base de datos de personas vivas en poder del INE, debido a que las huellas dactilares son únicas, permiten una identificación rápida y su procesamiento es relativamente barato.
“Si la persona está sin vida, se toman las huellas y se coteja con el INE y el INE determina quién es y de dónde. Empezamos a trabajar con base en este entendimiento, primero las huellas dactilares, porque hay muchísima información en México para dar respuesta a las familias a corto plazo”, precisa.
Uso de base de datos del INE se acordó desde 2016
Maximiliam Murck señala que desde 2016 existía un convenio marco que permitía a las procuradurías cotejar huellas dactilares con el INE. Sin embargo, la falta de implementación y obstáculos técnicos impidieron que esa herramienta se utilizara de manera amplia.
Uno de los ejemplos fue Tamaulipas. Las huellas estaban en fichas de papel, pero necesitaban convertirse al formato utilizado por el INE. Con apoyo de Data Cívica y de la Fiscalía de Tamaulipas se desarrolló una aplicación que permite escanear las fichas y convertirlas automáticamente al formato requerido. El costo, de acuerdo con Murck, fue inferior a 20 mil dólares.
El coordinador del programa señala que actualmente alrededor de 30 estados realizan de manera constante cotejos de huellas con el INE. En Zacatecas, por ejemplo, se identificaron 320 cuerpos mediante esta vía y 290 ya fueron entregados a sus familias. En Veracruz, agrega, 250 cuerpos han sido entregados después de ser identificados mediante cotejo.
Comprobación genética es más costosa
Estos resultados también cuestionan una idea que durante años dominó la discusión pública: que la identificación dependía principalmente de hacer más pruebas genéticas.
“La genética, que aquí se ha planteado como la solución por muchos años en México, tiene varias desventajas desde nuestro punto de vista.
Sin embargo, el UNFPA, agrega Murck, ya trabaja con el Gobierno federal, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda, para procesar miles de muestras genéticas en México, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, de la Secretaría de Salud, que ha abierto sus puertas a las fiscalías.
Cinco fiscalías están en proceso de enviar sus muestras pendientes, tanto óseas como referenciales. Eso permite analizar miles de perfiles a un costo mucho menor, con apoyo de la cooperación internacional y de las propias fiscalías.
UNFPA trabaja con el Gobierno de México
El UNFPA trabaja con autoridades mexicanas en la aplicación de recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Una de ellas plantea precisamente establecer un sistema de cotejo de huellas dactilares con el INE. El organismo señala que actualmente coopera con 24 fiscalías.
La propuesta que se perfila como una política nacional de identificación humana plantea una ruta concreta: cotejar con el INE todas las huellas de personas fallecidas que se encuentren en las fiscalías, publicar las fichas de cuerpos sin identificar y establecer mecanismos para comparar información con países vecinos cuando exista la posibilidad de que se trate de personas extranjeras.
Después deberán revisarse las osteotecas, completar los archivos de los restos óseos, incorporar la información a bases de datos y enviar las muestras pendientes al Inmegen. El último paso sería conectar esa información con la Plataforma Única de Identidad.
Murck precisa que la apuesta, entonces, no es únicamente por generar más datos. Es por lograr que los datos que ya existen hablen entre sí.
‘Peritos mexicanos no necesitan más capacitación’
La identificación de una persona fallecida en México no necesariamente se retrasa porque los peritos no sepan hacer su trabajo. El problema, en muchos casos, aparece después: los datos que generan quedan atrapados en sistemas aislados, sin bases de datos interoperables ni mecanismos suficientes para cruzarlos con la información de personas desaparecidas.
Para Maximiliam Murck, coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, el país cuenta con especialistas forenses altamente experimentados, pero trabaja con estructuras que limitan su capacidad para entregar respuestas a las familias.
La dimensión del problema puede observarse en la carga cotidiana de los servicios periciales. Murck relata que especialistas alemanes que trabajaron en Jalisco se sorprendieron al comparar sus condiciones laborales con las de los forenses mexicanos.
Mientras en Alemania un homicidio puede representar semanas de trabajo y permite a los especialistas revisar el caso con tiempo, en algunas entidades mexicanas los peritos enfrentan diariamente decenas de cuerpos y fragmentos humanos.
El problema no son los peritos, sino los datos que no se pueden cruzar
El desafío, sostiene, no está únicamente en procesar los restos, sino en lo que ocurre con la información obtenida. Huellas dactilares, perfiles, características físicas y otros datos pueden ser levantados correctamente, pero pierden utilidad si no existen mecanismos para compararlos con registros de personas desaparecidas o con información de otras entidades.
Por ello, Murck considera que insistir únicamente en enviar especialistas extranjeros a capacitar a los peritos mexicanos desvía la atención del problema central: “Lo que necesitamos es generar estructuras que permiten a los buenos forenses mexicanos dar resultados y respuestas a las familias”, afirma.
El problema, explica, también es tecnológico y de organización. En algunos servicios periciales, la información puede terminar almacenada en herramientas improvisadas, en lugar de incorporarse a bases de datos diseñadas para ser consultadas y cruzadas con otros registros.
A ello se suma la falta de protocolos nacionales estandarizados para el cotejo de huellas y la ausencia de interfaces que permitan conectar las bases de datos de las fiscalías estatales.
“Si tú trabajas en una fiscalía de servicios periciales donde haces todo bien tu trabajo y después ni siquiera hay una base de datos donde guardarlo y lo subes a WhatsApp o a un Drive, nunca vas a dar respuesta”, advierte.
Para el coordinador del UNFPA, fortalecer estas estructuras permitiría aprovechar el conocimiento acumulado por los especialistas mexicanos y convertir los datos que ya existen en identificaciones concretas.
El desafío, entonces, no consiste solamente en encontrar y analizar cuerpos. También implica construir un sistema capaz de conectar la información de quienes fueron reportados como desaparecidos con la de quienes permanecen sin identificar. Ahí, sostiene Murck, se encuentra una de las claves para reducir los años de espera que enfrentan miles de familias.
Rezago forense prolonga la desaparición
En México, miles de familias siguen esperando recuperar a sus desaparecidos mientras los restos que podrían corresponder a esas personas permanecen en morgues, fosas comunes o depósitos forenses, sin nombre y sin restitución. El rezago forense convierte así la muerte en una segunda desaparición: la administrativa.
El tamaño del rezago revela la dimensión del problema. En México se estima que alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar permanecen en anfiteatros y fosas comunes, mientras los servicios forenses enfrentan falta de personal , saturación y fragmentación de información entre instituciones.
El problema tampoco se reduce a la cantidad de especialistas. Los datos obtenidos durante una necropsia, una toma de ADN o el levantamiento de huellas pierden capacidad para resolver un caso cuando permanecen aislados o no pueden cotejarse con los registros de otras entidades.
Como lo ha publicado con anterioridad Reporte Índigo, el caso de Néstor Torres Ramos ilustra esta problemática. El joven desapareció el 27 de julio de 2019 en San José de Abajo, Veracruz, y su cuerpo fue localizado apenas tres días después en una zona cercana a Cuitláhuac. Sin embargo, su madre, Adelfa, pasó más de cinco años buscándolo antes de que las autoridades confirmaran que aquellos restos correspondían a su hijo.
Durante ese tiempo, la familia ya había proporcionado muestras de ADN que podían utilizarse para la comparación genética. Incluso Adelfa había señalado en distintas ocasiones que un cuerpo encontrado en la zona podría ser el de Néstor. La identificación definitiva llegó hasta diciembre de 2024.
El caso no es aislado. Braulio Bacilio Cabello, de 13 años, desapareció en 2016 y su cuerpo permaneció casi seis años en una fosa común. Un error en el cálculo de su edad provocó que fuera enviado a un espacio destinado a adultos. Otros casos, como los de Brayan Valencia y Margarita Cuevas, también evidencian las fallas que pueden mantener a las familias alejadas de sus seres queridos incluso después de que estos fueron localizados.
Por cada cuerpo almacenado hay una familia en espera
El caso de Néstor muestra el costo humano de esa desconexión. Su cuerpo estaba cerca de su familia desde los primeros días posteriores a su desaparición, pero la información necesaria para demostrarlo no logró activar una identificación.
La consecuencia resulta dolorosa para las familias de desaparecidos, una persona puede dejar de estar físicamente desaparecida mucho antes de que el Estado sea capaz de decirle a su familia dónde está.
Para quienes buscan, identificar no significa únicamente cerrar un expediente. Significa recuperar un nombre, recibir unos restos, realizar un funeral y, finalmente, dejar de buscar.
Mientras los datos permanezcan fragmentados, miles de familias seguirán esperando una respuesta que, en algunos casos, podría encontrarse desde hace años dentro de las propias instituciones.
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