Los trabajadores del IMSS toman las calles contra salarios empobrecidos y desabastecimiento en los hospitales
Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han vuelto a tomar las calles este martes, en una escalada del pulso que mantienen desde hace semanas con el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Sus exigencias incluyen un aumento salarial sustancial y atención a lo que denuncian como una crisis estructural de desabastecimiento que afecta la salud de los derechohabientes. En el trasfondo de la protesta, que recorrió parte del centro de Ciudad de México, late la preocupación sobre la sostenibilidad y la calidad del sistema de salud de los trabajadores.
La mandataria se ha mostrado abierta a escuchar las demandas “legítimas” de los manifestantes, pero adoptó una posición defensiva este martes durante su conferencia matutina. En la antesala de la “megamarcha del IMSS”, enumeró los avances de los dos años de su Administración, como 34 hospitales, que suman 1.840 camas, con una inversión de 46.700 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares). De ellos, siete pertenecen al IMSS. “El objetivo es tener el mejor sistema de salud y avanzar en algunas carencias que vienen de hace tiempo. Han ido mejorando, pero que tenemos que mejorar más todavía”, puntualizó.
Los trabajadores, que también mantienen acampadas en sedes sindicales en varias ciudades del país desde hace días, describen un panorama de hospitales desvencijados, de citas que tardan meses en concretarse y escasez de médicos especialistas. A las carencias estructurales se suma la pugna entre la dirigencia sindical y los empleados, que sostienen que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, ha perdido su respaldo. En el corazón de la marcha principal, en la capital, los manifestantes gritaban: “Fuera Olivos” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
En el centro de la protesta está la negociación del contrato colectivo, con un aumento salarial del 2,9% —por debajo de la inflación, del 3,45%— sumado a otro del 3,9% para prestaciones. “Nuestro contrato colectivo se está manejando a las necesidades del patrón, del Gobierno, que necesita dinero”, se quejó Jannette, una laboratorista de una unidad de medicina familiar de la capital. Los cientos de manifestantes también rechazaron el sistema de Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), que gestiona e invierte el ahorro de los trabajadores destinado a financiar su jubilación.
La demanda remite a una pugna que se arrastra desde el sexenio anterior y que exige volver al régimen previsional anterior, percibido como más beneficioso. Este ofrecía una pensión calculada conforme a determinadas condiciones salariales y laborales, mientras que el sistema de cuentas individuales vincula el retiro con el ahorro acumulado y los rendimientos obtenidos. En el caso de los trabajadores del IMSS, la controversia está ligada a los cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones aplicables a las nuevas contrataciones.
Sin embargo, el IMSS ha zanjado su posición sobre las Afores en un comunicado: “Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”. Sobre el aumento salarial, se ha convocado una nueva consulta sindical para el 14 de octubre. “El IMSS respetará la decisión de los trabajadores”. En la concentración, los líderes llamaron a votar en contra de la propuesta y a convocar un congreso extraordinario para enmendar el acuerdo.
El Servicio Universal de Salud, creado este año por la presidenta para permitir que los ciudadanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS-Bienestar e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también recibió quejas. Los trabajadores advierten que con la entrada en vigor del servicio —de manera paulatina, desde enero— algunos perderán prestaciones tras la equiparación de las condiciones laborales.
“Hay pacientes que duran sentados horas, días, esperando. No esperando la atención, porque se les atiende, pero esperando una cama”, explicó Carlos, de 32 años, en la toma de la sede sindical principal, en la capital, antes del arranque de la concentración. El camillero, quien pide reservar su apellido por temor a represalias laborales, ha viajado desde Morelos, Michoacán, para sumarse a la manifestación. Aunque reconoció que se están construyendo nuevos centros de salud, incluso en su Estado, sostuvo que las condiciones no mejoran al ritmo que exigen las necesidades. “No es suficiente porque ocupamos más personal, más equipo, más medicamentos. No es posible que, por ejemplo, las compañeras enfermeras tengan que llevar su propio bauma, su termómetro, hasta medicamentos”, dijo.
El viernes pasado, los manifestantes bloquearon las principales vías de Ciudad de México, tras la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación que no consiguió destrabar el conflicto. La disputa emerge, además, en un contexto de estrechez presupuestaria, moderado crecimiento económico y elevada informalidad laboral, en un país donde la mitad de los adultos no cotiza en el sistema formal.
El IMSS es la principal institución de seguridad social del país y brinda cobertura a cerca del 56% de la población asegurada, según las estimaciones de Gabriela Ruíz, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Su financiamiento procede de recursos públicos y de las aportaciones de trabajadores y patrones. En términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, su presupuesto aumentó un 11,7% en 2026 respecto a 2025. No obstante, en su último informe de situación financiera ha advertido crecientes presiones para preservar la viabilidad del sistema que proporciona cobertura a 77 millones de derechohabientes, en el entorno de tensiones demográficas, epidemiológicas y económicas que enfrenta el país.
El Instituto ha informado de que sus unidades médicas y hospitales operan con normalidad en todo el país. Los trabajadores, por su parte, han advertido que mantendrán las movilizaciones y tomarán progresivamente nuevas sedes de sindicatos si sus demandas no reciben una respuesta que consideren sustancial.
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