Se pronuncia COPARMEX contra polarización política en Chihuahua

“…Quiero decirlo con claridad. Chihuahua no está solo.

Este día, los Centros Empresariales agrupados en la Federación Chihuahua, hicieron un pronunciamiento que cuenta con todo el respaldo institucional de COPARMEX Nacional. Desde nuestra Confederación expresamos solidaridad con Chihuahua y con las familias de Ciudad Juárez que enfrentan un entorno complejo marcado por la incertidumbre, la polarización y la exigencia de contar con instituciones sólidas e imparciales.

México necesita autoridades que actúen con imparcialidad, legalidad, transparencia y respeto al Estado de Derechos, sin distinciones políticas ni criterios diferenciados en la aplicación de la ley.

La certeza jurídica y el respeto al federalismo son indispensables para preservar la confianza, proteger la inversión y garantizar condiciones de estabilidad para quienes generan empleo y desarrollo. Ciudad Juárez conoce mejor que nadie el valor de la resiliencia. Esta frontera ha demostrado una y otra vez que, incluso en los momentos más difíciles, su gente sabe salir adelante con trabajo, carácter y unidad.

Sigamos construyendo un país con más confianza, más inversión y más oportunidades para las familias mexicanas.

Somos Una Sola COPARMEX, Un Solo México.

Muchas gracias”.

COPARMEX EXIGE GARANTIZAR IMPARCIALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA, RESPETO A LA LEY Y AL FEDERALISMO

Ante los recientes hechos relacionados con la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Sinaloa, los Centros Empresariales de la Federación Chihuahua: CE de Chihuahua, CE de Ciudad Delicias, COPARMEX Ciudad Juárez, COPARMEX Cuauhtémoc, COPARMEX Parral y COPARMEX Nuevo Casas Grandes, exigimos que las instituciones del Estado mexicano actúen con estricto apego al debido proceso, al Estado de Derecho y a criterios homogéneos e imparciales en todos los casos, sin distinción de actores o niveles de gobierno.

En semanas recientes, el tratamiento jurídico y gubernamental en los casos que involucran a los mandatarios estatales de Chihuahua y Sinaloa ha generado cuestionamientos sobre la consistencia e imparcialidad con la que se ejerce la autoridad del Estado. Por ello, reiteramos que el principio de legalidad exige que todas las autoridades actúen bajo los mismos criterios, sin distinción de filiaciones políticas o posiciones de gobierno.

Consideramos fundamental que las instituciones actúen con estricto apego a la legalidad y al principio de presunción de inocencia ante cualquier señalamiento. Por otra parte, nos parece que los casos registrados en Chihuahua y Sinaloa responden a contextos distintos, por lo que resulta indispensable evitar interpretaciones políticas que desvíen la atención de los retos prioritarios que enfrenta el país en materia de seguridad, inversión y fortalecimiento institucional.

El federalismo es un pilar esencial del Estado constitucional mexicano, al garantizar el equilibrio entre órdenes de gobierno y proteger la soberanía de las entidades federativas. Su debilitamiento o aplicación desigual afecta la certeza jurídica, la confianza institucional y las condiciones necesarias para la inversión y el desarrollo económico del país.

Asimismo, advertimos que cualquier percepción de actuación diferenciada de las instituciones puede generar un impacto negativo en la confianza para la inversión privada, particularmente en un contexto de bajo crecimiento económico y de necesidad urgente de generación de empleo formal. México requiere fortalecer sus condiciones de certidumbre jurídica y estabilidad institucional para mantener competitividad frente al entorno internacional.

Exigimos a las autoridades competentes actuar con transparencia, congruencia y rigor institucional, garantizando que toda actuación se mantenga dentro del marco de la legalidad y libre de cualquier interpretación de carácter político o partidista.

México enfrenta desafíos económicos y de inversión que hacen indispensable fortalecer la credibilidad de sus instituciones. La revisión del T-MEC en 2026 y el entorno internacional de alta competencia exigen condiciones de estabilidad normativa.

Reiteramos nuestra exigencia a todas las instituciones a consolidar prácticas basadas en la legalidad, la imparcialidad y el fortalecimiento institucional como elementos esenciales para preservar la estabilidad democrática del país.