Datos personales, denuncias de corrupción y choques con el presidente: el polémico caso de María Amparo Casar

La directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, fue señalada por el cobro irregular de la pensión de su difunto marido, Carlos Márquez Padilla, en perjuicio de 31 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). Las acusaciones por el supuesto fraude fueron hechas públicas por el director de la petrolera paraestatal, Octavio Romero Oropeza, en La Mañanera de Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes. El Gobierno compartió en un sitio oficial cientos de páginas de un expediente que incluía el acta de defunción de Márquez Padilla, así como documentos íntegros con información personal de Casar y su familia, como registros académicos de sus hijos, cheques y sus domicilios. El caso ha vuelto a encender la polémica por el trato a opositores y críticos desde la tribuna presidencial, quienes acusan el uso de recursos públicos para emprender “venganzas personales”. López Obrador justificó este lunes la ofensiva contra Casar, al asegurar que “la gravedad del delito” está por encima de cualquier reclamo por violación de la privacidad y que nadie “tiene licencia” para la corrupción.

Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la dirección corporativa de la petrolera, murió el 7 de octubre de 2004 al caer por la ventana de uno de los edificios de Pemex. Romero Oropeza aseguró que Casar solicitó el pago del seguro, el apoyo para los gastos funerarios, la pensión post mortem y la pensión para sus hijos y ella, antes de que hubiera un dictamen pericial sobre el fallecimiento.

El Gobierno de López Obrador sostiene que las autoridades ministeriales establecieron que se trató de un suicidio, pero que su esposa y Héctor Aguilar Camín, un intelectual que es crítico de esta Administración, pidieron a la Procuraduría (ahora Fiscalía) que modificara el dictamen para que se calificara como un accidente. El cambio en el peritaje permitió que los familiares tuvieran acceso a la indemnización, según la versión del actual director de Pemex. “Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción. Ellos dicen que están en contra de la corrupción, en realidad están a favor de la corrupción”, dijo Romero Oropeza. El funcionario dijo que ya se han suspendido los pagos a Casar y que se está integrando una denuncia formal.

MCCI es una organización que realiza investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción en esta y otras Administraciones, así como reportajes que involucran a actores públicos y privados. Once días antes de que surgieran las acusaciones contra Casar, la asociación publicó un reportaje sobre supuestas irregularidades en el patrimonio de Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia por Morena, el partido gobernante. Los señalamientos fueron desechados por Sheinbaum en una carta y durante el último debate presidencial. Antes, la organización puso bajo la lupa supuestos negocios de los hijos de López Obrador en la construcción del Tren Maya.

El oficialismo acusa que Mexicanos contra la Corrupción es una herramienta de “ataques” y “desinformación”, al estar financiada por Claudio X. González, un empresario que ha estado enfrentado durante años a López Obrador y que apoya abiertamente a la oposición. El Gobierno reclama que se trata de “guerra sucia”, a pesar de que la organización también ha puesto en la mira a políticos opositores, como al priista Alejandro Alito Moreno, el exgobernador Javier Duarte y la Administración de Enrique Peña Nieto por la llamada Estafa Maestra.

Casar calificó los señalamientos como una “infamia” y condenó que se desentierre el expediente sobre la muerte de su esposo, sucedida hace más de 20 años. “Se trata de una mentira, una ruindad y el abuso del aparato del Estado para acallar y para vengarse de una ciudadana”, dijo a la periodista Carmen Aristegui. MCCI publicó un comunicado en el que afirmó que se trata de un “ataque ilegal” del Gobierno de López Obrador, que partió de la exposición de información personal y se amplificó gracias a funcionarios y “operadores” de la actual Administración. “Es una de las acciones más viles que hemos visto en contra de la libertad de expresión, el periodismo, la sociedad civil”, reclamó la organización.

El reclamo se hizo eco entre otras voces críticas de López Obrador. “El poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso ni vengativo”, se lee en un posicionamiento firmado por Lorenzo Córdova y José Woldenberg, expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), así como una docena de académicos y exfuncionarios. Juristas, periodistas y analistas políticos se sumaron al rechazo, al insistir en que el presidente no tiene facultades para exponer esa información y que hacerlo, en todo caso, afecta el curso de las investigaciones para sancionar un supuesto delito. Un día después de la exposición de Romero Oropeza, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de una investigación de oficio por la violación a la privacidad de Casar.

López Obrador respondió a las críticas este lunes y retó a Casar a que desmintiera las acusaciones. “En vez de meterse a fondo si hubo o no hubo corrupción, recurren al instituto de transparencia que es hechura de ellos”, dijo. El presidente agregó que es como decir que “la corrupción es válida, siempre y cuando se mantenga en secreto” y aseguró que el interés público en el caso está por encima de los reclamos sobre una violación a la privacidad. El mandatario, que también alude al caso en su último libro, Gracias, negó que los señalamientos contra la directora de MCCI tengan una motivación electoral. “Son asuntos que van más allá de las elecciones”, comentó, “es un proceso para ir limpiando, purificando la vida pública”.

Esta no es la primera vez que López Obrador ha sido señalado por la forma como reacciona a las críticas y se relaciona con los medios de comunicación. En febrero pasado, el presidente hizo público el teléfono de una periodista de The New York Times que le envió un cuestionario sobre supuestos vínculos de su círculo cercano con el narco. “No fue un error”, afirmó y aseguró que lo volvería a hacer. “Por encima de la ley está la autoridad moral, la autoridad política [del presidente]”, agregó. El INAI también abrió una investigación tras el incidente.

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del frente opositor y principal rival de Sheinbaum, pidió la cancelación de Las Mañaneras por la exposición de datos personales y de sus empresas para mermar su campaña. La lista de personas que han denunciado “ataques sistemáticos” incluye a periodistas, integrantes de los otros poderes, activistas y miembros de la sociedad civil. Casar aseguró que ha sido mencionada alrededor de 60 veces en Las Mañaneras de los últimos cinco años.

En su última conferencia, López Obrador acusó a los “medios de manipulación” de “magnificar” los problemas en su Gobierno, tundió a una comisión independiente de expertos que criticó el manejo de la pandemia, recordó el caso de la periodista de The New York Times, volvió a la carga contra organismos autónomos como el INAI e insistió en presentar una cronología de la muerte de Márquez Padilla. A cuatro semanas de las elecciones, el caso contra Casar ha encontrado su propio hueco en la cobertura mediática al margen de la contienda por la presidencia. En el cruce de acusaciones de “autoritarismo” y “corrupción”, en las lindes del interés público, la libertad de expresión y los asuntos de índole personal, en plena efervescencia electoral, Las Mañaneras y el presidente vuelven a estar en el centro de la polémica.